La nueva Ley de Agentes Extranjeros ha generado preocupación entre organizaciones sociales y ciudadanos comunes. Abraham Ábrego, representante de la organización Cristosal, advirtió que esta normativa representa un riesgo para cualquier persona, no solo para las ONGs. Según explicó, incluso gestos de solidaridad como el envío de dinero desde la diáspora para reparar una calle en una comunidad podrían considerarse financiamiento a personas naturales, y estar sujetos a un impuesto del 30%. Este enfoque ha encendido las alarmas sobre el alcance real y las implicaciones de la ley.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura clara respecto a estas preocupaciones. La falta de una interpretación oficial deja un vacío que aumenta la incertidumbre entre ciudadanos y organizaciones. No está claro cómo se aplicarán las disposiciones, ni si habrá excepciones para donaciones de carácter comunitario o humanitario. La ambigüedad legal puede dar lugar a abusos o a decisiones arbitrarias que limiten la acción ciudadana y el apoyo mutuo desde el exterior.
Cristosal ha sido una de las organizaciones más afectadas por esta nueva legislación. A inicios de la semana, su representante jurídica fue capturada, en lo que muchos interpretan como una señal de endurecimiento contra las organizaciones que reciben fondos internacionales y que trabajan en la defensa de derechos humanos. Esta situación ha generado una oleada de críticas desde diversos sectores, que ven en estas acciones un intento de silenciar a la sociedad civil.
El impacto de la ley va más allá de lo institucional. Afecta directamente a comunidades enteras que han contado por años con el apoyo de familiares en el extranjero para proyectos de desarrollo local. Lo que antes era visto como un acto de solidaridad, ahora podría interpretarse como una operación sujeta a regulación y carga tributaria. La discusión pública sobre la Ley de Agentes Extranjeros continúa creciendo, mientras se espera una respuesta clara y transparente por parte del gobierno.
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