La más reciente encuesta del Centro de Opinión Pública (COP), correspondiente a abril de 2025, revela una disminución en la popularidad del presidente Nayib Bukele, situándose en un 55%. Este descenso representa una caída de 4 puntos porcentuales respecto a febrero del mismo año y de 24 puntos en comparación con marzo de 2024, cuando alcanzaba un 79% de aprobación. Analistas atribuyen esta tendencia a la creciente preocupación ciudadana por temas como la minería metálica y la gestión de migrantes venezolanos en el país.
Uno de los factores que ha generado mayor rechazo es la reactivación de la minería metálica, prohibida desde 2017 y legalizada nuevamente en diciembre de 2024 por iniciativa del gobierno. Según la encuesta, el 68% de los salvadoreños se opone a esta medida, temiendo los posibles impactos ambientales y sociales. Organizaciones ambientales, la Iglesia Católica y comunidades locales han expresado su descontento, entregando más de 150,000 firmas para solicitar la derogación de la nueva ley.
Otro tema polémico es la recepción de 238 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos en marzo de 2025. Estos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) bajo acusaciones de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, aunque investigaciones periodísticas indican que la mayoría no tenía antecedentes penales. El gobierno salvadoreño aceptó a estos migrantes como parte de un acuerdo con Estados Unidos, que incluyó un pago de $6 millones para su encarcelamiento.
A pesar de estas controversias, Bukele mantiene una base de apoyo significativa, atribuida en parte a su política de seguridad y al Plan Control Territorial. Sin embargo, la disminución en su popularidad refleja una creciente preocupación ciudadana por decisiones gubernamentales que afectan el medio ambiente y los derechos humanos. La situación plantea interrogantes sobre el rumbo político del país y la respuesta del gobierno a las demandas sociales.
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