La reciente reactivación del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros por parte del presidente Nayib Bukele ha generado un rechazo inmediato por parte de la comunidad internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La relatora especial de la ONU, Gina Romero, manifestó su preocupación a través de la red social X, advirtiendo que El Salvador vuelve a considerar una legislación que ya en 2021 provocó fuertes críticas globales. “Me preocupa profundamente su contenido”, señaló, haciendo eco del temor de que esta ley atente contra la libertad de asociación y expresión.
Según lo planteado en el proyecto, cualquier persona u organización que reciba fondos del extranjero sería etiquetada como “agente extranjero”, obligándolas a registrarse ante el Estado y sometiéndose a controles, restricciones e incluso sanciones penales. Romero señaló que las definiciones incluidas en la propuesta son vagas y pueden abrir la puerta a la criminalización de la disidencia pacífica, afectando gravemente el trabajo de organizaciones sociales, medios de comunicación independientes y defensores de derechos humanos.
Este intento de revivir la ley se produce en un contexto delicado, donde incluso en 2021 países como Alemania decidieron suspender su cooperación con El Salvador como protesta ante iniciativas legales de este tipo. En aquel entonces, la presión internacional fue determinante para que el gobierno salvadoreño frenara su avance. No obstante, el nuevo impulso del Ejecutivo por aprobar esta normativa sugiere que se busca utilizarla como vía para ejercer mayor control sobre sectores críticos y financiar controversias legales internas.
Una de estas controversias es el caso de la cooperativa El Bosque, por el cual el ingeniero Palomo exige una indemnización de $800 mil dólares. De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo, se plantea que la Ley de Agentes Extranjeros permitiría redirigir fondos extranjeros hacia este tipo de pagos, una estrategia que ha sido catalogada por organizaciones de derechos humanos como una forma encubierta de persecución política y desvío de recursos. La tensión entre el gobierno salvadoreño y la comunidad internacional se profundiza, en medio de crecientes señales de autoritarismo.
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