La ONG Cristosal anunció este jueves la suspensión de sus actividades en El Salvador, tras 25 años de trabajo en defensa de los derechos humanos, poniendo como principal obstáculo la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros. La normativa impone requisitos de registro y un impuesto del 30 % sobre fondos internacionales recibidos, lo cual, según la organización, convierte a las ONG en “instrumentos de control autoritario”.
Otro factor clave fue la detención de Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, ocurrida el 18 de mayo. López, reconocida por su trabajo en la lucha contra la corrupción y nombrada entre las “100 mujeres más inspiradoras” por la BBC en 2024, se encuentra actualmente detenida bajo cargos de enriquecimiento ilícito . La ONG denunció que su arresto forma parte de una estrategia de criminalización dirigida a tolérar solo voces alineadas con el gobierno de Nayib Bukele.
En su lugar, Cristosal anunció que continuará operando desde Guatemala y Honduras, preservando su personería jurídica en El Salvador. El director, Noah Bullock, afirmó que la organización se vio forzada a elegir entre “la cárcel o el exilio”, priorizando la seguridad de su equipo frente a la represión y vigilancia estatal . Aunque algunos críticos la acusan de evadir pagos de impuestos, Cristosal sostiene que su traslado busca proteger su misión y no eludir obligaciones fiscales.
Diversos organismos y defensores de derechos humanos interpretan esta decisión como un golpe más al espacio democrático en El Salvador, evidenciando un círculo de represión institucional, vigilancia, censura y detenciones arbitrarias bajo el actual estado de excepción . Organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que la normativa y este tipo de acciones reducen significativamente las garantías ciudadanas y ponen en riesgo la libertad de expresión.
A pesar de su salida física del país, Cristosal reafirmó su compromiso con El Salvador, señalando que no renunciará a su registro legal ni a su defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos. La ONG informó que presentó su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros en cumplimiento formal de la ley, aunque denuncia que opera en un contexto contrario al Estado de derecho.
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